Ciudad de México, 25 de abril
(SinEmbargo).– Intelectuales mexicanos y extranjeros condenaron en una misiva
las “acciones violentas” cometidas por los gobiernos de Rafael Moreno Valle
Rosas, en Puebla, y de Graco Ramírez Garrido Abreú, en Morelos,
contra opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), y exigieron la
liberación y el cese de las amenazas e intimidaciones en contra de
activistas.
A través de una carta dirigida
a los mandatarios, el lingüista Noam Chomsky, el escritor Eduardo Galeano, el
sociólogo Armando Bartra, el biólogo Víctor Manuel Toledo, el poeta Javier
Sicilia, entre otros, exigieron “el cese de la represión y proyectos de muerte”
en estos estados, y advirtieron que estas “aberraciones y graves violaciones a
derechos humanos se convertirán en norma de vida cotidiana”, de no cambiar el
panorama.
Los firmantes denunciaron que
los gobiernos de Moreno Valle y Graco Ramírez “desataron una espiral de
violencia que incluye una serie de hostigamientos, amenazas, aprehensiones
arbitrarias de luchadores sociales y dirigentes de movimientos campesinos
opuestos al Proyecto Integral Morelos y al Libramiento Poniente”.
El Proyecto Integral Morelos
incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que de acuerdo con los
opositores afectaría tierras de cultivo y fuentes de agua de las que dependen
cientos de comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Asimismo han denunciado el
alto nivel de riesgo del gasoducto, como la han informado
especialistas.
En la carta, los intelectuales
dijeron que el arresto de ocho personas, de las cuales tres aun permanecen
detenidas, ”se realizó haciendo uso excesivo de la violencia y sin presentación
de órdenes de aprehensión. En Puebla fueron civiles los que hicieron las
retenciones y en el caso de Morelos se utilizaron gases lacrimógenos y hubo
disparos”.
Por ello exigieron la
inmediata liberación de Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de
Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala;
de Enedina Rosas Vélez, Comisariada Ejidal del San Felipe Xonacayucan; y
de Abraham Cordero Calderón, integrante del Frente Campesino de Ejidatarios y
Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada.
Asimismo pidieron el cese de
las intimidaciones en contra de Avelino Velázquez Tapia, Comisario de Bienes
Comunales de San Juan Amecac quien tiene orden de aprehensión y a Ricardo Pérez
Avilés, profesor investigador del departamento Universitario de Desarrollo
Sustentable del Instituto de Ciencias de la Universidad de Puebla cuya familia
fue amenazada por un grupo de gente armada en su domicilio.
También pidieron acabar
con las amenazas al estudiante de sociología y asistente del doctor Pérez
Avilés, Alberto Melchor Montero, y al abogado Raúl Rodríguez, defensor de
Abraham Cordero Calderón.
Los intelectuales y escritores
dijeron que con esta represión, “los gobiernos intentan producir, a través del
terrorismo de Estado, una parálisis de la resistencia social”.
“Lo que hoy estamos viviendo
como aberraciones y graves violaciones a derechos humanos se convertirán en
norma de vida cotidiana, aplastando cualquier proyecto democrático auténtico, si
hoy no reforzamos nuestras luchas y nuestra solidaridad para la construcción de
caminos de resistencia contra esta embestida reaccionaria”, dice el
documento.
Denunciaron “el autoritarismo
y la imposición por parte del gobierno de Puebla, de ‘proyectos de muerte’ que
se pretende instalar en comunidades campesinas indígenas de la Sierra Norte”,
que comprende 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos, la
extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica.
“Con todo ello ignoran la
rotunda negativa de miles de campesinos y campesinas a dejar de trabajar y
cuidar los bienes comunes que no son mercancías: la tierra, el agua. Esos
‘proyectos de muerte’ ponen en riesgo de ser desplazados y despojados de su
principal sustento a esos campesinos y campesinas. Ante esta situación, el
gobierno estatal actúa como promotor de dichos proyectos, favoreciendo los
intereses económicos de grandes empresas nacionales y transnacionales, a las
cuales poco o nada les importan las devastadoras consecuencias sociales y
ambientales que provocarían”, denunciaron.
Los denunciantes afirmaron en
la misiva que estos hechos “no son anomalías o manifestaciones aisladas, sino
evidencias de una acción concertada de violencia y represión a cualquier forma
de oposición a las políticas económicas neoliberales promovidas por el
Estado”.
Al respecto, el día de ayer
Luis Maldonado Venegas, Secretario de gobierno de Puebla, dijo
ayer en entrevista para la primera emisión de MVS Noticias que los tres
activistas detenidos cometieron actos ilícitos porque “en el estado no puede
haber impunidad”. Afirmó que los ilícitos que se les imputan son por
robo.
Maldonado Venegas aseguró que
el gobierno de Moreno Valle ha dado amplías garantías para que ciudadanos se
manifiestan pero no en un marco de impunidad.
En ese mismo espacio, Roxana
Luna, integrante del movimiento nacional Los de Abajo en Puebla, lamentó la
falta de diálogo del gobierno y rechazó los delitos que les imputan a los
activistas. Mencionó que a uno lo acusaron del robo de un celular, y a otro
porque “es un peligro para la sociedad”.
Horas después, se informó que
varias organizaciones presentaron una queja a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos por la violación de los derechos de los pueblos que se genera por el
intento de construcción del gasoducto parte del Proyecto Integral Morelos en los
estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Se informó que se realizará
una conferencia de prensa el próximo lunes para dar a conocer los principales
puntos de la queja interpuesta ante la CNDH, los riesgos ambientales y sociales
si se realiza la construcción del gasoducto; los derechos humanos vulnerados de
los pueblos de la región y las peticiones de las organizaciones y
comunidades.
FUENTE: http://www.sinembargo.mx/25-04-2014/973048
